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Durante la jornada “Economía de impacto y
Sector Público”, celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados,
organizada por SpainNAB, Harmon y Afi.
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La colaboración púbico-privada, los
incentivos fiscales y la necesidad de crear un marco normativo fueron algunas
de las principales conclusiones de la jornada para impulsar la economía de
impacto.
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El presidente de CEPES “La Economía social es
un modelo empresarial catalizador de la transformación del futuro social y
económico de España y de Europa”.
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La presidencia española del Consejo de la UE
en el segundo semestre de 2023 se presenta como una oportunidad para
visibilizar e impulsar el modelo.
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El Ejecutivo destinará 400 millones de euros al
Fondo de Impacto Social en el marco de los Fondos de Recuperación y Resiliencia
Madrid, 19 de enero de 2023.-
“La Economía Social está en el epicentro de la economía de impacto2” Así lo
destacó el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, durante el evento “Economía de
impacto y Sector Público”, celebrado este jueves en el Congreso de los
Diputados, y organizado por SpainNAB, Harmon y Afi.
La jornada tuvo como objetivo generar
conocimiento en torno a cómo el sector público es uno de los
protagonistas del desarrollo de una economía de impacto con la mirada puesta
en cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como impulsores del
cambio y la transformación social.
Durante el acto, se acercaron
estos conceptos y se trasladaron experiencias reales a la mesa de diálogo
pública, con la intervención de más de 30 ponentes representantes de las
Administraciones Públicas, el tercer sector y el sector privado.
En su intervención en la Mesa
Social, Pedreño destacó que “los valores de la Economía Social, son
los valores que defiende la Economía con Impacto”, puesto que se trata de
un modelo en crecimiento que “busca un equilibrio entre la competitividad y la
resiliencia social y medioambiental”. “La economía social es un modelo
empresarial catalizador de la transformación del futuro social y económico de
España y Europa” añadió.
Además, señaló que España está
“capitaneando” la economía social en el mundo. En este sentido, destacó que
España es el único país europeo que tiene un programa dentro del Plan de
Recuperación y Resiliencia dedicado a la economía social; así como el único que
tiene una Estrategia de Economía Social y un organismo intermedio que gestiona
el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES).
A nivel europeo, la economía
social engloba 3 millones de empresas y 14 millones de empleados, lo que
supone el 6,3% del empleo. Ante estas cifras, el presidente de CEPES señaló que
“estamos en un momento muy significativo, que se concreta en el marco del Plan
de Acción Europeo de Economía Social”.
Este plan tiene dos objetivos. Por
un lado, visibilizar “más y mejor” lo que representa y defiende la economía
social en Europa para cambiar de escala, a través del crecimiento -uno de los
objetivos que se ha fijado es pasar a representar el 10% del empleo europeo en el
año 2030, es decir, 22 millones de personas-. Por otro, construir apoyo para
las empresas, a través de más de 50 medidas de distinto tipo, como financieras
y legislativas.
Además, el presidente de CEPES
hizo un repaso a los hitos de distintas instituciones que “han puesto en el
centro a la economía social”. Así, el Parlamento Europeo aprobó a finales
de 2021 por unanimidad el Plan de Acción Europeo de Economía Social; y
diferentes organizaciones como la OIT, la OCDE, la ONU, e incluso el Foro de
Davos están tomando resoluciones en favor del modelo.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y
MARCOS NORMATIVOS
La necesidad de la colaboración público-privada
y de incentivos fiscales para impulsar la economía de impacto, así como de
crear marcos normativos, fueron algunas de las principales conclusiones de la
jornada.
Así, también durante la Mesa
Social, el vicepresidente primero de Grupo Social ONCE, Alberto Durán,
señaló la importancia del sector social dentro de la economía de impacto, ya
que “es el que sabe dónde están las necesidades”. Por otro lado, apuntó a que
el sector público no llega a esas necesidades, pero puede catalizar. Por
último, explicó que dentro del sector privado tiene que haber un reconocimiento
de la capacidad que tiene el sector social para llegar a donde el sector
público y el sector privado no llegan, e insistió en la cooperación entre los tres
sectores.
Por su parte, el gerente de la
Asociación Amica, Tomás Castillo, puso el foco en la necesidad de legislar
para crear un marco de seguridad jurídico que nos permita “atrevernos a la
transformación”. “Las personas no pueden esperar, el cambio climático no puede
esperar y hace falta inversión para ello”, concluyó.
Durante la apertura del acto, la
presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, destacó cómo “replantear
las lógicas del mercado constituye un elemento clave para que la economía forme
parte de un mundo mejor”. Durante su intervención, señaló como la colaboración
público-privada es una cuestión de “máxima actualidad” e invitó a “reflexionar
y pasar a la acción” lo antes posible.
Ejemplo del compromiso que mostró
con la economía de impacto es que, en alusión a la directiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, que modifica lo
que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de
las empresas, señaló que “debe ser objeto de debate y reflexión en el Congreso”.
Esta directiva es de obligado cumplimiento para los Estados miembro antes del 6
de julio de 2024.
REPENSAR LA ECONOMÍA DE
IMPACTO
A lo largo de la jornada, se puso
de manifiesto la importancia de repensar la economía de impacto con el impulso
del sector público. Así, el director general de SpainNab, José Luis Ruiz de
Munain, en referencia a los 400 millones de euros que el Ejecutivo va a
destinar a impacto social, procedentes de los fondos de Recuperación y
Resiliencia, señaló: “estos fondos están pensados para que la transición sea
verde y digital, pero es muy importante que esta transición sea justa, y por
ello, que esa transición también sea social”.
Por su parte, el secretario de
Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, subrayó que el sector público tiene
que analizar el conjunto de la inversión estableciendo a las administraciones públicas
como un “faro que orienta la innovación” y apuntó a los PERTES como las
“misiones de esta colaboración público-privada para transformar los retos de
nuestro tejido empresarial”.
Durante este evento, que tuvo
como objetivo ser un primer paso para poner en la agenda pública a la economía
de impacto, se citaron diversos ejemplos de impulso del sector público a la
economía de impacto, como los fondos solidarios en Francia o la
innovación social en Portugal.
Para ilustrar este poder
catalizador de la inversión pública, el presidente de
Portugal Innovación Social, una entidad pública que busca
soluciones nuevas a problemas sociales y educativos, Filipe Almeida, explicó
como en los últimos seis años, a través de la entidad que preside en su país,
han desarrollado diferentes instrumentos financieros que han permitido la
innovación social y el desarrollo de un mercado social. Se trata de una
iniciativa pionera en Europa que moviliza fondos de la UE para dinamizar
la innovación y el emprendimiento social en Portugal.
MANIFIESTO #CAMINOALIMPACTO
En esta jornada, SpainNAB, junto
con el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, presentó el Manifiesto SpainNAB
#CaminoalImpacto, dirigido a “todas las personas e instituciones de la
comunidad inversora, empresarial, del tercer sector, y la Administración
Pública, que quieran aportar su grano de arena para impulsar la economía de
impacto en España”.
El lanzamiento de este manifiesto
se enmarca en la celebración en Málaga del ‘GSG Global Impact Summit’ los
próximos 2 y 3 de octubre de 2023, coincidiendo con la Presidencia española del
Consejo de la UE. El objetivo de este congreso es elevar la conversación sobre
la economía de impacto frente a las instituciones públicas y privadas,
españolas y europeas. Además del manifiesto, el presidente de SPAINnab, anunció
también la creación de un taskforce de administraciones públicas.
