●
La Comisión de Personas Expertas sobre
Democracia en el Trabajo ha sido creada por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social y está integrada por trece expertos de reconocido prestigio
internacional en los ámbitos académico y político
●
La Comisión tiene como mandato orientar sobre
la estrategia de democratización en las empresas, además de analizar el papel
que puede desempeñar el ámbito europeo y asesorar en el desarrollo normativo
del artículo 129.2 de la Constitución Española
●
Durante la audiencia, Juan Antonio Pedreño,
presidente de CEPES, ha explicado su visión sobre la importancia y el
desarrollo del artículo 129.2, incidiendo en el apoyo constitucional y
exponiendo los puntos clave: impulsar una legislación clara y garantista,
acompañada de un apoyo financiero efectivo; fomentar la educación y la cultura
en torno a la Economía Social; fortalecer la coordinación entre instituciones y
territorios, e integrar plenamente a la Economía Social en el diálogo social
●
Pedreño concluyó destacando que “el Artículo
129.2 no es una utopía, es una hoja de ruta constitucional. Nos invita a
construir una economía donde las personas estén en el centro, donde el trabajo
tenga voz y donde el desarrollo no sea solo una cuestión de cifras, sino de
dignidad, participación y justicia. Cumplir este artículo no es sólo una opción
de política económica. Es, ni más ni menos, que cumplir la Constitución”
Madrid, 3 de junio de 2025. Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), ha participado como
experto en la Comisión de Personas Expertas sobre Democracia en el Trabajo,
creada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de
España.
La Comisión, está integrada por trece expertos de reconocido prestigio
internacional en los ámbitos académico y político, en este sentido,
tiene el mandato de orientar sobre los medios más adecuados para llevar a cabo
una estrategia de democratización a nivel empresarial, tanto en la dimensión
de la propiedad como de la participación en la toma de decisiones. Asimismo, la
Comisión debe abordar el papel que puede desempeñar el ámbito europeo.
El mandato de la Comisión incluye asesorar en el desarrollo normativo
del artículo 129.2 de la Constitución Española, que establece: “Los
poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades
cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los
trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”
Durante la Audiencia, Juan Antonio Pedreño ha explicado su visión
sobre la importancia del Artículo 129.2. Según Pedreño, “este precepto es uno
de los artículos más innovadores de la Carta Magna, ya que encierra una visión profundamente
transformadora del sistema económico al incorporar principios de
democratización y participación en el ámbito empresarial al establecer que los
poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades
cooperativas”.
En este sentido, Pedreño destacó que “este es el único supuesto
de estructura empresarial que goza de un triple apoyo constitucional: Como
cualquier empresa privada; como cooperativa o sociedad laboral que debe ser
parte central de las políticas de fomento empresarial por parte de todos los
poderes públicos y, también, como vía para facilitar la participación de las
personas trabajadoras en la propiedad de los medios de producción”.
Como conclusiones, el presidente de la Patronal de la Economía Social
expuso los siguientes puntos para desarrollar de una manera ambiciosa y
coherente el articulo 129.2:
Pedreño concluyó “que el Artículo 129.2 no es una utopía, es una
hoja de ruta constitucional. Nos invita a construir una economía donde las
personas estén en el centro, donde el trabajo tenga voz y donde el desarrollo
no sea solo una cuestión de cifras, sino de dignidad, participación y justicia.
Cumplir este artículo no es sólo una opción de política económica. Es, ni más
ni menos, que cumplir la Constitución. El Estado debe crear las condiciones materiales y estructurales para
que la participación de los trabajadores en la economía sea un derecho real, no
solo una aspiración constitucional”.
