Boletín Digital
Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reforma de España 2011
Entre las recomendaciones enviadas al Gobierno de España destacan:
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Aplicar estrictamente los mecanismos existentes de control del déficit y de la deuda para los gobiernos de las Comunidades Autónomas
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Mantener la expansión del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, introduciendo una norma de gasto para todos los niveles de la Administración en la Ley de Estabilidad Presupuestaria
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Adoptar la reforma del sistema de pensiones propuesta con el fin de retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de años de trabajo para el cálculo de las pensiones, así como revisar periódicamente los parámetros de las pensiones a la luz de la evolución de la esperanza de vida, y adoptar nuevas medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, tales como el aprendizaje permanente para los trabajadores de más edad.
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Reforzar la reestructuración en el sector de las cajas de ahorros abordando los puntos débiles que persisten en su estructura de gobernanza.
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Reducir el nivel de las cotizaciones a la seguridad social con objeto de reducir los costes laborales no salariales de forma neutra para el presupuesto, por ejemplo modificando la estructura y los tipos del IVA y los impuestos sobre la energía.
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Adoptar y aplicar una reforma del proceso de negociación colectiva de los salarios y del sistema de indización salarial para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones imperantes a nivel local y a nivel de empresa.
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Evaluar para finales de 2011 los efectos de las reformas del mercado laboral de septiembre de 2010 y de la reforma de las políticas activas del mercado laboral de febrero de 2011, y presentar, en caso necesario, propuestas de nuevas reformas.
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Liberalizar más los servicios profesionales y eliminar las restricciones actuales a la competencia, la eficiencia y la innovación y mejorar la coordinación entre la Administración central y las administraciones de las Comunidades Autónomas para reducir la cargas administrativas que soportan las empresas
El Plan del Programa es alcanzar un déficit presupuestario por debajo del 3% de valor de referencia para 2013 y reducir aún más el déficit hasta el 2,1% del PIB en 2014 pero existen riesgos subyacentes relacionados con las líneas macroeconómicas asumidas y con los presupuestados a nivel regional, ya estas representan una gran parte del gasto público total y muchas de ellas rebasaron sus objetivos presupuestarios en 2010.
Se estima que el gasto en pensiones aumentará a una tasa muy superior a la media de la UE y pondrá en peligro la sostenibilidad de la Hacienda Pública.
Según el informe, la propuesta española de reforma de las pensiones contribuirá a mejorar la sostenibilidad de la Hacienda Pública y a crear incentivos para la participación en el mercado de trabajo. También incide en que es necesaria una reforma del mercado de trabajo, la cual debe complementarse con una revisión del sistema actual de negociación colectiva.
Según el análisis del informe, unas subidas salariales superiores y unos incrementos de productividad inferiores a los de la zona del euro, han contribuido a una inflación constantemente superior en España. Los impuestos sobre la energía, especialmente los impuestos sobre los carburantes, se mantienen a un nivel relativamente bajo en España y podrían constituir una posible fuente de ingresos compensatorios.
Según las informaciones publicadas, las recomendaciones han generado críticas, pese a compartir el control que se quiere imponer sobre la deuda de las Administraciones Públicas mediante la fijación de un techo y la contención del gasto público. Diferentes voces han rechazado el resto de las recomendaciones de Bruselas, ya que una subida generalizada de los tipos del IVA y de la factura de la luz, además de no influir en el mercado de trabajo ni aumentar las tasas de ocupación, tendría serios efectos sobre las ya maltrechas economías familiares, e impediría la recuperación del consumo y la actividad económica. Estas críticas apuntan también al rechazo de la reforma del sistema de pensiones.
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